(Publicado con permiso de TexasObserver.com)
Facebook/Greg Abbott
El Gobernador Greg Abbott firmando SB 4, la cual prohíbe las “ciudades santuario”, como ley, en Facebook Live.
La noche que el Gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el Proyecto del Senado 4 (SB 4) como una ley, Luis Roberto Vera no pudo dormir. En vez, el abogado de derechos civiles de 61 años, encerrado en su oficina en San Antonio, al trabajar en una demanda, dijo “Trabajé toda la noche, todo el día, no me bañé, nada”.
Al día siguiente, el 8 de mayo, Vera envió la primera respuesta legal contra SB 4 por parte de El Cenizo — una pequeña comunidad fronteriza, la “ciudad santuario” más antigua en el estado. Desde ese punto, han salido a flote una oleada de confrontaciones legales por parte de otras ciudades y condados, al preparar una batalla que durará todo el caluroso verano Texano, y más que eso.
Sam DeGrave
Cientos de manifestantes contra SB 4 marchan en el Capitolio.
¿Quién demanda a quién?
Lugares como El Cenizo, San Antonio, Austin, Dallas y el Condado de El Paso han tomado acciones legales contra SB 4, y Houston votó este miércoles para unirse. De las ciudades principales de Texas, solamente Fort Worth, de tendencia republicana, se ha mantenido fuera de esta batalla.
Esta lista de ciudades, la cual va en aumento, representa un “continuo enfrentamiento entre el gobierno del estado, gobernado principalmente por un régimen republicano de derecha, contra la mayoría progresista que crece en las ciudades de Texas,” dijo Greg Casar, un representante de la Ciudad de Austin.
El 7 de mayo, Ken Paxton, Fiscal General de Texas, impuso una demanda preventiva en la corte federal de Austin para intentar rebasar los retos legales y declarar esta ley como constitucional.
Sam DeGrave
Austin City Council member Greg Casar speaks against SB 4Greg Casar, representante de la Ciudad de Austin, se declara en contra de SB 4.
¿Así que hay un montón de demandas distintas?
En un inicio, sí, pero las demandas contra SB 4 se han consolidado y están programadas para una audiencia en San Antonio por juez federal, Orlando García.
Representando a las ciudades, se encuentra un número de organizaciones bien establecidas que luchan por los derechos civiles, incluyendo el Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicoamericano (MALDEF, por sus siglas en inglés), la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
ACLU traerá consigo abogados que derribaron el “bloqueo musulmán” de Trump en enero.
¿Cuál es la línea de tiempo?
La primera gran audiencia está en la agenda para el 26 de junio en San Antonio. García tiene planeado escuchar una moción para un amparo. Los demandantes solicitan que se suspenda la aplicación de la ley mientras el procedimiento esté en curso. La ley debe de entrar en vigor el 1ro de septiembre.
Sin embargo, Paxton tiene otros planes. Él expidió una moción para transferir el caso a la corte de Austin donde presentó su primera demanda por SB 4. “Nos sentimos optimistas de que [Garcia] no lo va a transferir,” dijo Marisa Bono, una abogada de MALDEF. “El estado no ha demostrado una razón legítima para transferirlo.”
Paxton también tiene una audiencia para “todas las cuestiones pendientes” en relación con su demanda preventiva, en Austin, el 29 de junio.
Múltiples abogados han dicho a Texas Observer que el caso probablemente escale hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, lo cual podría tomar años.
“Si te fijas en la historia de cómo la oficina de Paxton litiga estos casos … no hay punto medio para ellos,” dijo José Garza, un abogado de El Paso que también trabaja en casos de identificación electoral y de reubicación distrital. “No están interesados en cumplir compromisos.”
¿Qué sabemos acerca del Juez García?
García es el presidente del Tribunal del Distrito Occidental de Texas y fue nominado por Clinton en 1994. En 2014, declaró improcedente la prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo en Texas.
Aún más relevante para el caso de SB 4, el Juez sentenció que la Cárcel del Condado de Bexar violó los derechos constitucionales de un hombre mexicano después de que lo mantuvieron en custodia durante dos meses y medio después de haber sido liberado de cualquier cargo.
Sam DeGrave
Manifestantes se reunieron fuera del Capitolio previo al debate de SB 4.
¿Qué dice exactamente la demanda sobre la constitucionalidad de SB 4?
La demanda alega un amplio rango de violaciones, pero los argumentos más importantes se protegen con la Primera, Cuarta y Decimocuarta Enmiendas, así como con la Cláusula de Supremacía Constitucional.
La demanda sostiene que SB 4 viola los derechos de la Primera Enmienda de oficiales electos o designados al amenazarlos con castigo si “respaldan” cualquier política que pueda limitar la ejecución de leyes federales de migración por oficiales locales. “El gobierno no puede dictar lo que debes decir o no decir con base en el contenido de lo que estás diciendo, lo cual es justo lo que hace SB 4,” dijo Efrén Olivares, un abogado con el TCRP.
Los miembros de la asamblea de la ciudad o incluso los jefes policiales pueden ser encarcelados por lo que dicen, lo que Olivares llamó “el tipo de cosas que se ven en dictaduras.”
SB 4 también requerirá que las cárceles locales cumplan con todas las peticiones conocidas como “immigration detainers,” lo cual, según los abogados, irá en contra de la protección contra detenciones sin fundamento de la Cuarta Enmienda.
Las órdenes de aprehensión conocidas como “immigration detainers” se refieren a peticiones de autoridades federales destinadas a cárceles locales para que impidan la liberación de un individuo cuando normalmente ya se le hubiera liberado, solo para que los agentes de migración puedan potencialmente deportarlos.
El fallo de García en el Condado de Bexar llevó a cuestionar la constitucionalidad de dichas peticiones.
Estas peticiones a veces se emiten por error, e incluso han sido solicitadas para ciudadanos estadounidenses. Olivares, el abogado, explicó: “Algunas peticiones de ICE se basan en causa criminal probable, y algunas no. … SB 4 hace que todas sean obligatorias, y de esta manera conducirán a detenciones anticonstitucionales.”
Asimismo, la demanda alega que como cientos que testificaron en contra del proyecto de ley durante la legislatura, que SB 4 es discriminatorio racialmente. En términos legales, esto significa que viola la Cláusula de Protección Igualitaria de la Decimocuarta Enmienda.
La demanda reclama que la ley impactará de manera desproporcionada a los texanos hispanos, a quienes la policía perfilará como potenciales inmigrantes indocumentados. Según la demanda, la disposición “enséñame tus papeles” de esta ley asegurará que los texanos de piel morena o que hablen español puedan ser cuestionados sobre su estatus migratorio incluso durante un control rutinario de tráfico.
SB 4 se une a una larga lista de leyes de Texas que han sido cuestionadas por sus intenciones discriminatorias racialmente.
Como conclusión, la demanda alega que SB 4 limita la autoridad del gobierno federal, lo que viola la Cláusula de Supremacía. Debido a que la migración es un asunto meramente federal, los estados no pueden cambiar o crear sus propias leyes de migración, según la demanda. Por ejemplo, los estados no pueden hacer de una petición opcional de migración, algo forzoso.
“Hay algunas cosas que los estados pueden hacer con relación a la inmigración,” dijo Olivares. “Por ejemplo, en Texas, no se puede obtener una licencia de manejo si se es indocumentado. … Las cortes han dicho que eso está bien. Pero, por ejemplo, un estado no puede decidir que alguien será deportado por manejar 30 millas por encima de lo permitido. Eso no puede pasar, porque interferiría con las leyes de migración”.
La Cláusula de Supremacía fue clave para echar hacia atrás unas disposiciones de la infame SB 1070 de Arizona.
Aquello que dijeron los legisladores republicanos, ¿será usado en su contra?
Sí, a todas luces. La demanda pone atención en el debate legislativo de SB 4 para poder armar un caso que argumente que la ley se aprobó con intentos discriminatorios, con evidencia en que los legisladores republicanos llamaron a los indocumentados “ilegales,” “terroristas” y “traficantes de drogas.”
Sam DeGrave
State Representative Matt Rinaldi, R-Irving.Matt Rinaldi, Diputado estatal republicano de Irving.
¿Cuál será el costo de todo esto y quién lo está financiando?
“El estado de Texas ha demostrado que tiene una cartera abierta — una fuente interminable de dinero de los contribuyentes para defender leyes anticonstitucionales,” dijo Garza, el abogado de El Paso.
Los grupos pro derechos civiles tendrán que gastar mucho dinero también, dijo, pero si ganan, Texas será responsable de cubrir los costos de abogados.
¿Esta ley le ha dado un impulso al movimiento por los derechos de los inmigrantes en Texas?
Sin duda. En los primeros pasos de la propuesta, cientos de personas comparecieron en el Capitolio para testificar, alargando audiencias de los comités hasta muy adentrada la noche. Cuando la propuesta alcanzó la cámara de diputados, los legisladores demócratas pasaron 16 horas cargadas de emoción para intentar disminuir su impacto.
Mientras que la ley esperaba en el escritorio del gobernador, 24 personas fueron arrestadas por ocupar su oficina en un esfuerzo para que la vetara. Después de haberla firmado, los manifestantes respondieron con una semana de reuniones, las cuales culminaron en una marcha con la fuerza de cientos de personas el Día de las Madres a lo largo del centro de Austin.
Un sábado por la noche, un grupo se juntó para disfrutar música mariachi a todo volumen afuera de la casa del gobernador a las 3 a.m., y durante el último día de la Legislatura, más de 1,000 manifestantes interrumpieron la sesión del congreso, llenando todos los pisos. Los organizadores han dicho que las protestas continuarán como parte de un “verano de resistencia.”
